Congo ha reducido los derechos de importación y el IVA de varios productos alimentarios esenciales como arroz, trigo, leche, pescado y carne, en una estrategia fiscal orientada a aliviar la presión sobre los precios y proteger el poder adquisitivo de los consumidores en 2026.
En el marco de la Ley de Finanzas 2026 (Ley n.º 42-2025), el Ministerio de Finanzas, Presupuesto y Cartera Pública anunció el 9 de febrero de 2026 una rebaja de la carga fiscal sobre una serie de bienes alimentarios considerados esenciales. La medida establece que estos productos se beneficiarán de un tipo reducido del 5 % en derechos de aduana y de una exención o tipo reducido del 5 % de IVA, manteniéndose únicamente algunos gravámenes específicos como la tasa de licencia informática y ciertos impuestos comunitarios.
La lista de productos incluidos abarca alimentos de consumo masivo en el mercado congoleño: arroz, maíz, trigo, leche, pescado de mar congelado o salado, carne y despojos comestibles, aceite de palma y sal. El objetivo es reducir los costes de importación para los operadores y, en teoría, trasladar ese alivio fiscal al precio final que pagan los consumidores.
La decisión se produce en un contexto de presión persistente sobre los precios de los alimentos, aunque la inflación oficial se mantiene en torno al 3 %. Para las autoridades, la reducción de aranceles constituye una herramienta directa para amortiguar el encarecimiento de productos básicos en el mercado local, especialmente en un país donde una parte significativa de la oferta alimentaria depende de importaciones.
El sector empresarial ha recibido positivamente la medida, pero algunos actores económicos advierten de que el impacto real dependerá de la cadena de distribución. Existe preocupación de que los beneficios fiscales no se reflejen plenamente en los precios minoristas o que ciertos operadores los utilicen para operaciones de reexportación especulativa. Para prevenir estas prácticas, el gobierno incluyó una cláusula explícita que prohíbe exportar o reexportar los productos beneficiados por las reducciones fiscales.
En términos económicos, la iniciativa refleja una política de intervención dirigida a estabilizar el mercado interno sin recurrir a subsidios directos, utilizando en su lugar la herramienta arancelaria para influir en los precios. El éxito de la medida dependerá ahora de la capacidad de supervisión estatal y de la respuesta del sector privado, factores determinantes para que la reducción fiscal se traduzca en un alivio tangible para consumidores y empresas.
FUENTE: Ecomatin