Desde la entrada en vigor del anexo fiscal 2026, Costa de Marfil aplica un nuevo impuesto de pernoctación a los clientes de hoteles y residencias amuebladas. La medida, orientada a ampliar la base de ingresos del Estado y de las colectividades locales, traslada al sector turístico una nueva obligación fiscal que deberá ser recaudada directamente por los operadores de alojamiento.
El anexo fiscal 2026, vigente desde el lunes pasado, establece la creación de un impuesto de pernoctación que grava a los huéspedes de hoteles y residencias amuebladas en todo el territorio marfileño. Esta disposición se inscribe en la estrategia del Gobierno para diversificar y aumentar los ingresos fiscales, en un contexto de mayores necesidades presupuestarias.
Según explicó Anne-Emmanuelle Sidibé, especialista fiscal del despacho Mondon Conseil International, durante la ceremonia oficial de presentación del anexo fiscal celebrada el 6 de enero de 2026 en Abiyán, el nuevo impuesto deberá ser cobrado por los hoteles y los propietarios de viviendas amuebladas en el momento de la facturación al cliente. Los importes recaudados deberán ser ingresados antes del día 15 del mes siguiente al Tesoro municipal correspondiente.
El nivel del impuesto varía en función del tipo y la categoría del establecimiento. En el caso de los hoteles, la tarifa se determina por el número de estrellas:
- 500 FCFA por noche para hoteles sin clasificar,
- 1.000 FCFA para hoteles de una estrella,
- 1.500 FCFA para los de dos estrellas,
- 2.000 FCFA por noche para hoteles de tres estrellas o más.
Para las residencias amuebladas, la tasa depende del tamaño de la colectividad donde se ubica el inmueble. En el distrito autónomo de Abiyán, el impuesto se fija en 1.000 FCFA por noche, con modalidades que podrán ajustarse en otras localidades.
Desde el punto de vista económico, la medida introduce una nueva fuente de ingresos recurrentes vinculada al dinamismo del sector hotelero y del alquiler amueblado, especialmente en las grandes ciudades y zonas de negocios. No obstante, también supone un coste adicional para los clientes y una carga administrativa para los operadores, que pasan a desempeñar el papel de recaudadores fiscales.
Cabe recordar que este impuesto ya había sido contemplado en el proyecto de anexo fiscal 2025, pero finalmente no fue adoptado por el Parlamento. Su inclusión definitiva en 2026 marca, por tanto, un giro en la política fiscal aplicada al sector turístico y de alojamiento, que deberá adaptarse a este nuevo marco en un entorno de creciente presión fiscal y competencia regional.