A partir de 2026, el Estado camerunés dejará de conceder gratuitamente sus garantías soberanas sobre préstamos comerciales. La nueva Ley de Finanzas establece el pago obligatorio de una comisión previa, una medida que busca racionalizar el uso de este instrumento financiero, reforzar la disciplina fiscal y mejorar la gestión de los riesgos asumidos por el Tesoro.
Por quinto año consecutivo, el gobierno de Camerún mantendrá en 200.000 millones de francos CFA el techo anual de préstamos bancarios a empresas —públicas y privadas— susceptibles de beneficiarse de la garantía del Estado. Sin embargo, la principal novedad introducida por la Ley de Finanzas de 2026 es la monetización de esta garantía soberana, hasta ahora prácticamente gratuita.
Según el nuevo marco, las empresas públicas deberán pagar una comisión del 0,5 % del importe garantizado, mientras que las empresas privadas estarán sujetas a una tasa del 0,75 %. El pago íntegro de esta comisión al Tesoro Público se convierte en una condición previa indispensable para el desembolso de los fondos por parte de los bancos.
Con esta reforma, las autoridades camerunesas reconocen explícitamente que las garantías soberanas representan un riesgo financiero real para el Estado, al tratarse de compromisos contingentes que pesan sobre las finanzas públicas. El objetivo es múltiple: aumentar la responsabilidad de los beneficiarios, limitar las solicitudes oportunistas, mejorar la trazabilidad de los compromisos fuera de balance y reforzar la sostenibilidad fiscal en un contexto de restricciones presupuestarias.
No obstante, la medida plantea interrogantes desde el punto de vista del acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Para este segmento, el coste adicional asociado a la garantía estatal podría encarecer el financiamiento bancario y retrasar o frenar proyectos de inversión que dependen de este respaldo público para materializarse.
La Ley de Finanzas precisa que las modalidades prácticas de aplicación de estas disposiciones deberán definirse mediante textos reglamentarios. En 2025, este mecanismo de garantía permitió a tres empresas locales —LP Industrie SA, Groupe Sohaing SAS y Camas SA— movilizar cerca de 27.000 millones de FCFA en préstamos concedidos por el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central (BDEAC).
Finalmente, el gobierno mantiene sin cambios el límite de 40.000 millones de FCFA para las garantías estatales otorgadas a instituciones públicas y empresas en el marco de préstamos externos en 2026, confirmando una estrategia de control más estricto de los compromisos financieros del Estado, sin renunciar completamente a su papel de apoyo al financiamiento de la economía.
FUENTE: Ecomatin