Ante la ralentización de las exportaciones y las tensiones financieras que afectan a la cadena del cacao, el Estado marfileño ha decidido intervenir directamente en el mercado mediante la compra de existencias no colocadas, con el objetivo de restablecer la liquidez, proteger los ingresos de los productores y estabilizar un sector clave para la economía nacional.
El sector del cacao, pilar de la economía de Costa de Marfil y responsable de alrededor del 14 % del producto interior bruto (PIB), atraviesa una fase crítica marcada por un excedente de producción, dificultades de financiación de los compradores y una caída de los precios internacionales. Esta situación contrasta con el precio al productor fijado por el Estado, que alcanzó un nivel histórico de 2.800 francos CFA por kilo (unos 4,27 euros), generando un desfase entre el mercado interno y la capacidad de absorción de los exportadores.
Como consecuencia, una parte de los cerca de cinco millones de personas que dependen del cacao para su subsistencia no ha percibido ingresos durante varios meses, agravando la precariedad en las zonas rurales, donde la mayoría de los productores ya vive por debajo del umbral de pobreza.
Para hacer frente a esta crisis, el gobierno marfileño, en coordinación con la Organización Interprofesional de Productores de Cacao (OIA) y el Consejo del Café y el Cacao, ha puesto en marcha un mecanismo excepcional de compra de existencias. Según explicó el ministro de Agricultura, Kobenan Kouassi Adjoumani, el Estado adquirirá alrededor de 130.000 toneladas de cacao al precio oficial de 2.800 FCFA por kilo.
La operación se apoyará en actores nacionales encargados de recolectar las existencias en las zonas de producción y asegurar su transporte hacia los almacenes. En la práctica, el Estado asumirá un rol de intermediario financiero, adelantando los fondos necesarios para la compra del cacao, a la espera de que los exportadores recompren posteriormente estas existencias y reembolsen los anticipos.
Desde el punto de vista económico, el objetivo es doble: acelerar los pagos a los productores para aliviar la crisis social en las zonas rurales y desbloquear la cadena logística, garantizando el flujo de cacao hacia fábricas y puertos. Al mismo tiempo, la medida busca reforzar el papel de los operadores nacionales dentro de la cadena de valor del cacao.
El sector también se enfrenta a una presión adicional derivada de los flujos transfronterizos de cacao procedentes de países vecinos, donde los precios en origen son más bajos. Este diferencial incentiva el contrabando, contribuyendo a la congestión del mercado interno. Para limitar este fenómeno, el gobierno anunció un refuerzo de los controles fronterizos.
Con esta intervención, Costa de Marfil apuesta por una gestión más activa de su principal producto de exportación, en un intento de estabilizar el mercado, proteger los ingresos rurales y preservar el equilibrio macroeconómico de un sector estratégico para el país.
FUENTE: Ecomatin