Un desacuerdo abierto entre el Ministerio de Finanzas y las autoridades portuarias ha puesto en primer plano la gobernanza del puerto de Duala-Bonabéri, un nodo clave para el comercio exterior camerunés. En el centro de la disputa se encuentra la adjudicación del estratégico contrato de escaneo de mercancías, con importantes implicaciones económicas, fiscales y de soberanía.
La implementación del sistema de escaneo “100 %” de mercancías en el puerto de Duala-Bonabéri ha derivado en un enfrentamiento institucional sin precedentes entre el Ministerio de Finanzas y el Puerto Autónomo de Duala (PAD). La controversia surge tras la decisión del consejo de administración del PAD, adoptada el 26 de diciembre, de retirar el contrato de escaneo a la firma suiza Société Générale de Surveillance (SGS) y adjudicarlo a la empresa camerunesa TransAtlantic D. SA, con efecto a partir del 1 de enero de 2026.
La Autoridad Portuaria de Duala justificó esta medida como parte de una ampliación progresiva del escaneo a todas las mercancías de importación y exportación, independientemente de su tipo de embalaje. Según la PAD, la decisión se inscribe en la política general del Estado en materia de seguridad fronteriza y control del territorio, al tiempo que busca reforzar la eficiencia de los controles en uno de los principales corredores comerciales del país.
Sin embargo, el Ministerio de Finanzas, a través de su titular Louis Paul Motaze, expresó su firme oposición. En una carta dirigida el 29 de diciembre al director general del PAD, Cyrus Ngo’o, el ministro exigió mantener el contrato vigente con SGS, recordando que el escaneo constituye un instrumento central del control aduanero, competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas. Para el Minfi, cualquier modificación en este dispositivo estratégico debería respetar estrictamente el marco contractual y legal existente.
La respuesta no se hizo esperar. Ese mismo día, el nuevo director general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Willie Tsanga Mba, respaldó públicamente la decisión del PAD y validó formalmente la adjudicación del contrato a TransAtlantic D. SA, así como la estructura tarifaria aplicable. Las nuevas tarifas fijan, por ejemplo, el escaneo de contenedores de exportación en 38.500 FCFA para los de 20 pies y 50.000 FCFA para los de 40 pies, mientras que para las importaciones los precios ascienden a 66.000 FCFA y 95.000 FCFA, respectivamente.
Este respaldo del regulador portuario reconfigura el equilibrio de fuerzas y deja al descubierto un conflicto de competencias entre el Ministerio de Finanzas y el ecosistema portuario. Más allá del aspecto administrativo, lo que está en juego es el control de una herramienta clave para la movilización de ingresos públicos y la lucha contra el contrabando, cuyas pérdidas anuales se estiman en cerca de 200.000 millones de FCFA para la economía camerunesa.
Desde TransAtlantic D. SA se sostiene que la impugnación ministerial carece de base jurídica, argumentando que el contrato firmado con SGS en 2015 tenía una duración de diez años y expiró naturalmente a finales de 2025, sin que se haya formalizado una renovación válida. Esta versión contrasta con comunicaciones anteriores de SGS, que había anunciado una renovación relacionada con servicios de verificación previa a la exportación, alimentando la confusión institucional.
Fuentes cercanas al expediente señalan además que la decisión del PAD estaría respaldada por instrucciones de alto nivel, basadas en informes de seguridad que cuestionan el desempeño técnico del operador saliente. En este contexto, el PAD optó por un contrato de tipo Construcción-Operación-Transferencia (BOT) por 25 años con TransAtlantic, que incluye la adquisición e instalación de ocho escáneres, así como su operación y mantenimiento, con el objetivo de modernizar los controles y optimizar la recaudación aduanera.
Mientras TransAtlantic asegura estar ya operativa sobre el terreno, la permanencia simultánea de SGS en el puerto ilustra la incertidumbre que rodea la transición. Para los operadores económicos, este enfrentamiento institucional plantea interrogantes sobre la estabilidad del marco regulatorio y la gobernanza de una infraestructura clave para el comercio y los ingresos públicos de Camerún.
FUENTE: Ecomatin